Es urgente un contrapeso a los abusos del poder

Por Daniel Jesús Carrillo Polanco

En estos momentos difíciles para Yucatán, a consecuencia del regreso de las viejas y dañinas prácticas priístas desde el gobierno que con desparpajo son repetidas pero al mismo tiempo son minimizadas o ignoradas por los mismos responsables, es mucho más legítima y urgente la demanda social de una oposición responsable y unida, pues sólo de esta manera se podría constituir un contrapeso más legítimo a los abusos reales del poder.

Críticas de panistas contra panistas se escuchan y se leen en diferentes ámbitos públicos, y las filtraciones de información que se genera en reuniones privadas ya son recurrentes, y quizá hasta son festinadas por sus autores desde el anonimato.

Sale sobrando decir que un partido es una institución pública y que, por tanto, sus acciones y decisiones necesariamente deben estar bajo el escrutinio público. Sin embargo, no se debe confundir la transparencia con la falta de disciplina.

Los intereses personales y/o de grupo son legítimos de manera que deben ser atendidos y dirimidos en las instancias que existen para tal efecto. Si algo no le parece a alguien debe decirlo de frente, debe aportar pruebas y debe recurrir a las instancias que sean necesarias, ya que, repito, para eso fueron instituidas. Para además, existen el diálogo y la negociación que son los instrumentos vitales para la acción política ¿Hacemos política desde arriba y desde abajo? La libertad de expresión no es sinónimo de autodestrucción.

Cada acusación y cada escándalo públicos de panistas por la defensa de intereses personales o de grupo que se anteponen a la aspiración máxima de “Por una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos” probablemente afecten a otros panistas, a las dirigencias, a ex funcionarios o a ex dirigentes contra quienes van dirigidas, pero el daño grave es para toda una institución que tardó más de 50 años para construirse una imagen de confianza basada en valores ¿Se ha reflexionado sobre esta situación?

La primera autocrítica, entendida como “los juicios que se realizan sobre comportamientos propios”, debería comenzar precisamente con las acciones que cada quien realice en función del interés personal, de grupo o del institucional.

¿Qué aporta o cómo afecta una crítica o una denuncia pública contra mi propio partido?, ¿Tengo pruebas para sostener lo que digo o sólo busco el impacto mediático que deje mal a otro panista o a otro grupo de panistas?, ¿Quién fue el que inició la agresión?, ¿Debo ser prudente o debo contestar y empeorar la agresión?, ¿Existen las instancias para dirimir mis inconformidades?, ¿He recurrido a ellas?, ¿Son los medios de comunicación la instancia para dirimir las diferencias internas?, ¿Ayudan en algo al partido las filtraciones de información de asuntos internos?

¿En qué medida afectará a los panistas determinadas decisiones?, ¿Estoy dispuesto a pedir perdón por una mala decisión?, ¿Hay respeto a los estatutos?, ¿Hay garantías para impartir justicia partidista?, ¿Hay a apego a los principios de solidaridad, subsidiariedad, respeto ala dignidad de la persona humana y bien común?, ¿El deseo y el esfuerzo de unidad es real y sincero?, ¿Tengo la capacidad de autocrítica y de aceptar mi responsabilidad o solo puedo ver que todos los demás son los culpables?

Cualesquiera que sean las causas de las diferencias, en la medida en que la imagen y el prestigio de un partido –ganado a pulso durante décadas- se siga deteriorando ante los ojos de la sociedad por las acciones de los propios panistas en pleito, el único afectado es el PAN con daños que pueden ser irreversibles y, paradójicamente, el más beneficiado es el PRI que tanto deterioro le ha causado y le sigue causando a Yucatán.

Dicho de otra manera, las luchas internas de panistas contra panistas sólo abonan a la causa del PRI; es decir, los propios panistas en pleito le están haciendo la campaña anticipada al PRI. En vez de criticarse mutuamente, los panistas en conflicto deberían reflexionar sobre el futuro de la institución a la que pertenecen, sobre la necesidad de reenfocar sus energías y sobre la responsabilidad que tendrían que asumir ante posibles futuras derrotas culturales y electorales.

Las dirigencias y los dirigentes son transitorios, la institución no, entonces se debería cuidar a la institución, desde arriba, desde abajo, o desde cualquier otro flanco. No hay tiempo que perder. La sociedad así lo demanda.

Por Lic. Daniel Jesús Carrillo Polanco
*Master en comunicación política y marketing electoral.

La aplicación de la ley, selectiva

Daniel Jesús Carrillo Polanco (*)

Los ofrecimientos: “Nadie estará por encima de la ley, absolutamente nadie”. “El marco jurídico se aplicará sin distinciones y sin privilegios”. “Tendré mano firme con los criminales”.

Los hechos reales

Cuando se trata de priistas, ¿qué se ha hecho?

1. El Colegio de Abogados advierte que el nombramiento como subsecretario de gobierno de Héctor Cabrera Rivero, cuñado de la gobernadora, constituye un caso de nepotismo.
¿Qué se hizo? Nada. Pese a la violación legal, el cuñado sigue en el puesto... ¿sin privilegios?

2. La alcaldesa de Conkal es agredida por un grupo de priistas ante la vista y paciencia de la SPV.
¿Qué se hizo? Nada. Pese a la flagrante agresión los responsables gozaron de impunidad.

3. La alcaldesa de Conkal pide dos veces el auxilio de la fuerza pública para garantizar seguridad en las elecciones de Xcuyún.
¿Qué se hizo? Se envió a la policía pero no hizo nada para evitar desmanes y agresiones ¿Y el derecho de petición? Violado.

4. El mismo grupo priista de Conkal que días antes agredió a la alcaldesa nuevamente ejerció violencia para evitar las elecciones en Xcuyún.
¿Qué se hizo? Nada. Pese a la agresión flagrante los responsables gozaron de impunidad. La SPV sólo observó los desmanes que dejaron como saldo policías y funcionarios municipales lesionados.

5. Se pidió al Ejecutivo que informe con detalle sobre los daños causados por el huracán “Dean”.
¿Qué se hizo? Nada. La solicitud escrita sigue sin respuesta. ¿Y el derecho de petición? Violado.

6. Se acusa a alto funcionario de la Procuraduría de Justicia de cambiar peritajes.
¿Qué se hizo? Nada. Ni siquiera se abrió una investigación contra el funcionario priista.

7. Una turba de priistas causa destrozos por $400,000 a los bienes municipales de Sotuta. ¿Mano firme contra los criminales?
¿Qué se hizo? Nada. Los responsables siguen gozando de impunidad.

8. Una autoridad federal ordena la clausura de quirófanos del Hospital O'Horán por riesgos sanitarios.
¿Qué se hizo? Nada. No se acató el mandato de la federación ni de las normas sanitarias.

9. Un subprocurador de Justicia es denunciado de abuso de poder por litigar e intimidar a sus contrapartes.
¿Qué se hizo? Nada. Ni siquiera se abrió una investigación.

10. Un profesional del Derecho acusa a la Consejería Jurídica de presionar a sus clientes —ex funcionarios de la anterior administración— para que se desistan de juicios laborales contra el Ejecutivo.
¿Qué se hizo? Nada. Ni siquiera se abrió una investigación.

11. Un ciudadano denuncia al subprocurador especializado en Justicia para Adolescentes de presionarlo para que firme su divorcio.
¿Qué se hizo? Nada. Ni siquiera se abrió una investigación.

Cuando se trata de panistas, ex funcionarios del gobierno panista o no priistas, ¿qué se ha hecho?

1. Un ex funcionario de la Contraloría se queja de presiones para que renuncie “voluntariamente” y no sea liquidado como marca la ley.
¿Qué se hizo? Se le acusó de “robo de información” y fue encarcelado y sin derecho a fianza.

2. Un grupo de taxistas y sus familias, que no son afiliados al FUTV, protestan de manera pacífica frente al Palacio de Gobierno.
¿Qué se hizo? Los desalojaron de manera violenta policías vestidos de civil y agentes antimotines, ambos de la SPV.

3. Se llevó al cabo la entrega-recepción y no hubo observaciones del gobierno entrante al saliente.
¿Qué se hizo? Sin pruebas contundentes ni expedientes integrados y sin acreditar intención de evadir a la justicia, son arraigados y privados de su libertad tres ex funcionarios de la administración pasada. El Colegio de Abogados opina que los arraigos son ilegales.

4. Se acusa a Diconsa de repartir alimentos caducos.
¿Qué se hizo? Sin pruebas, se denuncia penalmente a la empresa pero, incongruentemente, se le pide que siga repartiendo sus productos. Con celeridad empiezan los citatorios a funcionarios panistas.

¿Quiénes son los criminales: la turba de priistas que causó destrozos en Sotuta o los taxistas no afiliados al FUTV que protestaban pacíficamente frente al Palacio? ¿Por qué a los primeros no se les ha hecho nada y a los segundos se les reprimió sin hacer nada?

¿Ser priista implica un fuero metaconstitucional? ¿La mano firme es sólo contra no priistas? Que cada quien califique si en verdad “nadie, absolutamente nadie está por encima de ley”, si el marco jurídico se está aplicando “sin distinciones y sin privilegios”, y si en verdad ha habido “mano firme contra los criminales” como se ha ofrecido y se sigue ofreciendo.— Mérida, Yucatán.

Por Daniel Jesús Carrillo Polanco
Master en Comunicación Política y Marketing Electoral